EL TSJA tumba el Plan de Protección del Corredor del Litoral que fué aprobada en 2015 por la Junta de Andalucía, que buscaba poner límite a las nuevas construcciones en suelos todavía sin urbanizar de la franja costera.

El plan fue aprobado el 26 de mayo de 2015, cuando ya se habían celebrado elecciones y constituido el Parlamento andaluz, pero el boicot de la oposición para la investidura de Susana Díaz hizo que no pudiera formar gobierno, por eso el Ejecutivo regional estaba todavía en funciones en aquel momento. Díaz fue investida poco después, el 11 de junio de 2015, con el apoyo de Ciudadanos, y el nuevo gobierno se activó el 18 de junio.

El Plan del Corredor Litoral puso el foco en poner límite a nuevas construcciones en la franja de 500 metros de anchura desde el dominio público marítimo-terrestre de las costas andaluzas. En el caso de la provincia de Málaga, anuló proyectos que suponían la construcción de un total de 1.200 viviendas que ahora podrían tener la opción de retomarse. De esa cantidad, más de la mitad estaban previstas en la costa de Vélez-Málaga, donde el plan blindó seis sectores urbanísticos: Valle de Niza, Torre Jaral, Arroyo El Cabo, El Pinto, La Serrezuela y Loma de Juanelo. El Ayuntamiento veleño alegó al plan tramitado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que algunos de ellos estaban aprobados como polos de dinamización turística del municipio y que incluso ya tenían trámites en marcha. Pero finalmente, estos argumentos no fueron tenidos en cuenta por los responsables del Gobierno andaluz.

Como tampoco aceptaron los del Consistorio de Manilva, donde se preservó un sector de más de 30 hectáreas denominado Loma del Rey en el que estaba prevista la construcción de 303 viviendas, ni parte de las alegaciones planteadas por el Ayuntamiento de Estepona, donde el plan anuló la realización de 321 casas en la playa de Guadalmansa.

Desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio han apuntado que la sentencia no es aún firme y cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Según han indicado fuentes de este departamento del Gobierno andaluz, el gabinete jurídico está estudiando la posibilidad de presentar este recurso en el plazo aún vigente de 30 días desde la notificación de la sentencia del TSJA.