Según informa el diario SUR, El Tribunal Supremo ha dictado tres sentencias en las que anula la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010, por lo que a partir de ahora la ciudad tendrá que regirse por el de 1986, vigente hasta la aprobación del documento que ha dejado de ser válido.

El Supremo deja sin efecto el sistema previsto en el PGOU para la regularización de construcciones y no señala una fórmula alternativa y se limita a recordar que corresponde al órgano jurisdiccional, en este caso al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la ejecución de las sentencias y demás resoluciones judiciales. El alto tribunal no hace referencia alguna a los casos de construcciones ilegales que no están judicializados.

En el equipo de gobierno municipal se evaluaba junto a los servicios jurídicos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio el alcance de las sentencias, que dan en la línea de flotación de todo el proceso seguido para la normalización institucional de la ciudad desde la disolución del Ayuntamiento en 2006.

Las sentencias, no deja el más mínimo margen para la interpretación, ya que declaran nulas de pleno derecho la orden del consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de febrero de 2010 que aprueba definitivamente la revisión del plan y la posterior en la que dispone la publicación de la norma.

El Supremo basa su decisión en seis motivos, dos de los cuales son suficientes por sí mismos para dictaminar la nulidad del Plan en su conjunto: la ausencia de un Estudio de Impacto Ambiental válido, ya que el existente no acomete un análisis de las diferentes alternativas razonables, según explica una de las sentencias, y de un Informe de Sostenibilidad Económica.

El Supremo llama la atención sobre la pérdida de razón de ser y de sentido útil que en el caso del PGOU de Marbella tienen estos trámites esenciales, ya que se hubiesen proyectado sobre un plan urbanístico que «en realidad mira más al pasado que al futuro, desnaturalizando así las ideas capitales de cautela, previsión, prevención y planificación económica o ambiental que justifican su obligatoriedad».

Las sentencias señalan que el Ayuntamiento de Marbella era plenamente consciente de la exigibilidad del informe de sostenibilidad económica, ya que en julio de 2007 el interventor lo alertó por escrito.