Tal y como informa el diario SUR, la prórroga de seis meses que se ha dado el ente autonómico dejará en el aire más de 2.000 casas.

El próximo viernes acababa el plazo de dos años que la Junta de Andalucía se había dado para aprobar el Plan de Protección del Corredor del Litoral, pero no será así. El ente autonómico, mediante un decreto ley, ha prorrogado en seis meses este plazo para “estudiar las más de 3.500 alegaciones que se han hecho”.

Esta noticia, desde luego, no ha cogido por sorpresa al alcalde de Estepona, José María García Urbano que hace un mes, durante su intervención en el Fórum Europa Nueva Economía “La Junta no va a cumplir el plazo que se había marcado para despejar el futuro de los proyectos urbanísticos que mantiene cautelarmente suspendidos”.

Más de la mitad de las viviendas cuya construcción está en el aire, 1.052, pertenecen a proyectos previstos por el planeamiento urbanístico de Estepona que se situaban en la franja de 500 metros más próxima a la línea de playa, terreno que el plan blindó a la construcción de nuevas viviendas con el argumento de que son suelos con un alto valor ambiental.

Cómo avanza el Diario Sur, fuentes del Consistorio de Estepona, gobernado por el PP, apuntaron que todavía no tienen comunicación alguna por escrito respecto a las alegaciones que presentaron hace más de un año al documento inicial del plan litoral. En el mismo sentido, el concejal de Medio Ambiente de Manilva y hasta hace pocos días alcalde provisional, Emilio López Berenguer, de la Agrupación Socialista de Manilva (ASM), expuso que lo que tiene que hacer la Junta es «decidirse ya y no mantener en vilo al Ayuntamiento, a los inversores y a los propietarios». En este municipio, están en cuestión sectores que suman 303 casas. Para este edil, el aplazamiento de la aprobación del plan seis meses más «es una chapuza». Además, apuntó que posiblemente puede deberse a que el gobierno autonómico está esperando para darle luz verde «a que pasen las elecciones municipales de mayo y ver qué pasa con las alcaldías».

Por su parte, el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, argumentó ayer que la ampliación del plazo para culminar el plan obedece a la necesidad de tramitar adecuadamente y resolver «con el mayor consenso posible» las 3.547 alegaciones que ha recibido por parte de municipios, grupos profesionales, empresariales, sindicales, ecologistas y particulares.